DE 1821 A 1857. DEL MÉXICO INDEPENDIENTE A LA CONSTITUCIÓN DE 1857

 DE 1821 A 1857. DEL MÉXICO INDEPENDIENTE

 A LA CONSTITUCIÓN DE 1857 

El México Independiente tubo que instituirse como Imperio conforme los Tratados de Córdoba que, a su vez, representaban el espíritu del Plantan de iguala propuesto por Agustín de Iturbide.

 

Así, a unos cuantos días del triunfo independentista y en horas de instaurar al Estado como monarquía constitucional moderada, la Junta Provisional Gubernativa, en su sesión del 22 de octubre de 1821, analizó la posibilidad de reformar el sistema fiscal de la nueva nación. Sin embargo, ningún cambio fue propuesto, pues de acuerdo al artículo 14 de los Tratados de Córdoba, dicha Junta sólo discutiría los problemas más urgentes, y la forma administrativa del erario del nuevo país no era una de ellas. 

Al elaborar el Plan de Iguala, Agustín de Iturbide dispuso la instauración de esta Junta que se encargaría del poder mientras algún miembro de la Corona Española ocupaba el cargo, tal como se estableció posteriormente en el Tratado de Córdoba. La Junta estuvo integrada por connotados eclesiásticos, oidores, abogados, nobiliarios, militares, hacendados, comerciantes y miembros del Ayuntamiento de México.

 

            BREVE HISTORIA HACENDARIA DE MÉXICO                                             

El contexto histórico en que se desenvolvieron las finanzas públicas de la Colonia, pues si tomamos en cuenta que el fisco novohispano durante muchas décadas estuvo preparado para hacer frente a cualquier circunstancia inevitable o eventual, nada raro tiene entonces que el nuevo gobierno decidiera mantener la misma administración hacendística, acostumbrada a la constante centralización de oficinas, reordenamiento de la administración provincial, fiscalidad extraordinaria.

Por otro lado, la Junta no considerara apremiante modificar el sistema fiscal español, resultó un numeroso desacierto que la joven nación tendría que pagar con creces en los años venideros, pues si bien es cierto que la real hacienda  debió adecuarse a la tornadiza realidad económica, también lo es que en muchos casos dicho acondicionamiento consistió en “remiendos y des remiendos” que la deterioraron hasta hacerla ineficaz, lo cual se observa en la utilización cada vez más frecuente de organismos privados para la recolección de contribuciones extraordinarias.

MÉXICO INDEPENDIENTE A CONSTITUCIÓN DE 1857 

México Independiente mantuvo vigentes las prácticas comerciales establecidas durante la época colonial. Dentro de los productos objeto de exportación se encontraban primordialmente los metales acuñados, las maderas y los cueros; y menor medida, los acuñados en pasta, la vainilla, cochinilla, tabaco, palo de tinte, raíz de Jalapa, zarzaparrilla, ixtle y los cereales.

Los impuestos de exportación generaban un aproximado de $1.5 millones de pesos anuales; empero, de acuerdo con López Rosado, resulta complicado obtener el número real de exportaciones durante este periodo, debido al comercio clandestino, al contrabando y al comercio que no se registraba por diversas circunstancias.

En resumen, el comercio, tanto exterior como interior, también estaba en crisis, y se empeoró aún más cuando la Junta Provisional Gubernativa eliminó el impuesto del 10% que se cobraba a la exportación de mercancías y disminuyó el derecho de alcabala del 16% al 6%.

En coincidencia, el gobierno británico intentaba, de manera no oficial, evaluar la viabilidad de entablar relaciones comerciales con nuestro país como una forma diplomática de preservar y respaldar el recién triunfo de la Independencia y como un medio indirecto de amenazar a España. De este modo, las relaciones comerciales entre México y Gran Bretaña asumieron la forma de un tratado comercial basado en la filosofía del libre intercambio.

La inexacta política fiscal de recorte a los ingresos ordinarios para improvisar otros de carácter extraordinario se atemperó precipitadamente con la fuga de los capitales españoles. Las finanzas públicas del país estaban representadas por un abrumador caos legislativo, por un sistema fiscal enrevesado, anacrónico y laberíntico, sin pies ni cabeza. 

En 1823 un decreto creó una contribución directa en forma de cuota anual sobre el importe de los sueldos, utilidades o cualquier otro ingreso, correspondiente a tres días de las percepciones de cada uno de los habitantes del país.

Para 1825, ya como presidente el general Guadalupe Victoria, los recursos económicos obtenidos mediante préstamos extranjeros se destinaron a vestir, armar y aumentar el Ejército y la Marina, socorrer a Nuevo México, California y todas las fronteras, acallar los clamores de los empleados de la República, atrasados en sus sueldos, y a cubrir las atenciones de la administración.

En semejantes términos lo reconocería Manuel Gómez Pedraza al arribar al poder en 1832, encontrando al erario exhausto y empeñado en una deuda inmensa, con atrasos enormes en los pagos.

Para 1834, al percatarse del terrible desorden legislativo en materia fiscal, Valentín Gómez Farías reconoció que era urgente la creación de leyes bien meditadas que sacaran a la hacienda pública de la nulidad en la que había quedado inmersa tras los desórdenes de la guerra.

Por estas razones, pero bajo el primer mandato presidencial de Anastasio Bustamante, se buscó, por un lado, arreglar los ramos de la administración para aumentar el crédito nacional y cubrir las atenciones del servicio público; por el otro, la organización legislativa de la renta del tabaco y el arreglo de las aduanas marítimas a fin de evitar el contrabando.

Con el propósito de restablecer la economía y pagar los multiplicados préstamos que agravaban a la nación, siendo Santa Anna titular del Poder Ejecutivo, en 1839 el Congreso General aprobó un sistema de contribuciones indirectas y destinó la sexta parte de las aduanas marítimas al pago de la deuda extranjera. No obstante la crisis financiera y el desnivel del comercio, la inmoralidad y avaricia de los altos funcionarios de la hacienda pública y la corrupción de algunos jueces terminaron de nulificarla, amasando fortunas sobre la ruina del erario, al punto que el entonces presidente del Congreso, Antonio Madrid, llegó a exclamar: “mientras subsistan los abusos que se absorben y consumen todos los caudales de la Nación, en vano es pensar en nuevas contribuciones”

Según Jáuregui, en 1842 se estableció el paquete fiscal más importante de la primera etapa de la época independiente, que contenía contribuciones directas, y que sirvió de plataforma tributaria para el gobierno de Santa Anna en 1853. Además, dicho autor destaca que en la década de los años cuarenta se publican las “recopilaciones” que contenían decretos, circulares y reglamento, cuyo propósito era generar manuales de procedimiento legales y administrativos.

De acuerdo con Enrique Florescano y María Lanzagorta, los veinte años que transcurren entre 1846 y 1867 representan la más profunda crisis económica del México independiente. En 1846 el país es invadido por fuerzas militares estadounidenses que provocaron la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.

Si bien el 12 de junio de 1848 los invasores americanos abandonan la capital del país, Yucatán amenaza con separarse, al mismo tiempo que acontecen revueltas en Sierra Gorda.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX que se vislumbra por primera vez cierto grado de organización en el sistema fiscal mexicano. Alternando la presidencia en 1849, y consciente que de la organización de la hacienda dependía la existencia de la República,89 Joaquín de Herrera fomentó la iniciativa para la creación de un banco nacional que daría orden en el pago de la deuda, facilitando diferenciar lo que pertenecía a la hacienda o a sus acreedores.

En 1851 propuso la creación de la Milicia Nacional que ahorraría recursos al erario al estar integrada por civiles adiestrados en el manejo de las armas que las tomarían sólo en servicio activo.

Asimismo, ordenó a las comisiones de las cámaras un sondeo para cuantificar la deuda pública externa, que hasta entonces se desconocía y que resultó ser menor a cien millones de pesos.

Estas medidas contribuyeron a la recaudación de más de diez millones de pesos, que fueron íntegramente pagados a los acreedores de la nación. 

Por otro lado, de acuerdo con López Rosado, en el ejercicio fiscal de 1849-1850 el monto de la deuda pública interna ascendía a $75 millones, de los cuales $39 millones correspondían a la que se contrajo antes de la Independencia. Para 1852, la cifra se redujo a $31.2 millones, pero incrementó con rapidez la de la deuda exterior, gracias a los despilfarros durante el gobierno dictatorial de Santa Anna,93 que provocaron mayores atrasos en la paga a las divisiones militares en servicio activo y a los empleados de la lista civil.

Como es sabido, la época de Santa Anna no se destaca por ser liberal, sino todo lo contrario. Bajo el contexto de toda dictadura, censuró la libertad de expresión, y el poder impositivo tuvo tintes represivos y confiscatorios.

Los años entre la revolución de Ayutla y la república restaurada se vieron algunos intentos por establecer contribuciones directas. No obstante, las escasas que hubo no tuvieron una alta recaudación y el objeto del tributo fue para gravar las fincas rústicas urbanas.

Asimismo, el 4 de octubre de 1845 se implementó un nuevo arancel general de aduanas marítimas y fronterizas para tratar de regular el comercio de mercaderías.

El régimen mexicano de exportación se sustentaba por los metales preciosos. En 1853 Miguel Lerdo de Tejada advertía que de los $27 o $28 millones a que ascendía el valor total de las exportaciones en 1853, $23 o $24 millones provenían de metales preciosos y el resto los conformaban los productos agropecuarios. De acuerdo con estos cálculos, en el lapso de 1825 a 1853, el valor de las exportaciones totales incrementó a un ritmo anual promedio de 18%, mientras que el de los metales preciosos creció a un 26%.

En 1857 la promulgación de una nueva ley fundamental que, al delinearse bajo el ideario del partido liberal, sentó las bases de un gobierno del mismo matiz.

La Constitución de 1857 tuvo como uno de sus objetivos principales la reorganización de la hacienda pública, por lo que buscó simplificar las numerosas partidas de ingresos y egresos de la Federación, uniformar el régimen hacendario de los estados con el de la Federación y limitar la facultad impositiva de los estados.

Ignacio Comonfort, ordenó que se acordaran nuevas plantas del Ministerio de Hacienda de la Aduana de México con la Sección de Contribuciones Directas y de la Tesorería General. Se decretara un nuevo término para la presentación de los créditos admisibles en el fondo de la deuda interior consolidada, la libre elaboración y expendio de naipes, el establecimiento de una Casa de Moneda en Oaxaca, y la clasificación de rentas.

De acuerdo con el entonces ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, esto se debía a la creciente multitud de pensionistas en los ramos civil y militar que vivían del gobierno con los títulos de retirados, cesantes, jubilados, viudas y demás denominaciones.

la organización del esquema tributario de la Constitución de 1857 se limitó a un intento por nacionalizar el sistema de recaudación de impuestos, partiendo de una moderación de las potestades tributarias locales respecto del ámbito fiscal federal en aras de simplificar los casi infinitos renglones económicos de los presupuestos. Más la realidad deficitaria imperante, el endeudamiento público y los incesantes pagos de marcha a los familiares del cuerpo castrense retrasaron la buenas intenciones constitucionales.